En una reunión conjunta de las reuniones de Planeamiento Urbano y Presupuesto de la Legislatura porteña funcionarios del Gobierno porteño explicaron los detalles de dos proyectos que plantean la aprobación de 16 convenios urbanísticos. El viernes se firmarán los despachos.

Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno porteño explicaron este miércoles dos proyectos del Poder Ejecutivo para que la Legislatura de la Ciudad apruebe una serie de convenios urbanísticos con privados para avanzar con proyectos de desarrollo urbano.

La reunión estuvo encabezada por el presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, Daniel del Sol, y del titular de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero.

Uno de los proyectos propone la ratificación de 15 convenios urbanísticos en diferentes lugares de la ciudad de Buenos Aires, los cuales han sido evaluados con un análisis del entorno, de la manzana y de la parcela. 

Según señalaron el 35% de los 15 desarrollos se planean en baldíos, abandonados o estacionamientos, por casi 200.000 metros cuadrados en total y con una contraprestación para el Estado de casi 36 millones de dólares.

Por otra parte, la otra iniciativa, si quiere la más polémica, plantea un Convenio Urbanístico suscripto con NEHUENTE S.R.L, propietaria de la parcela lindera a la Iglesia Santa Catalina, ubicada en la  manzana delimitada por la avenida Córdoba y las calles Reconquista, Viamonte y San Martín, que  posee dos  esquinas y comparte la superficie de la manzana con otras dos parcelas, una con edificios de valor patrimonial y otra con una tipología moderna de perímetro libre.

La misma está dentro del APH 51, Área de Protección Histórica “Catedral al Norte” y se encuentra afectada al Área de Arquitectura Especial  AE16–“Entorno  Iglesia  Santa  Catalina  de  Siena”, ambas del Anexo II, Áreas Individualizadas  del  Código  Urbanístico,  destacándose  que  el  conjunto  de  Iglesia y Convento fue declarado Monumento Histórico Nacional por Decreto PEN N° 369/1975.

Según explicaron desde el Ejecutivo “se propone modificar la normativa urbanística vigente en la mencionada parcela, consolidando una tipología de perímetro libre sobre Avenida Córdoba, con la altura del edificio lindero existente. Asimismo, procura promover tipologías edilicias que no generen  disrupciones morfológicas con el fin de fortalecer  la  conformación  de  la  Ciudad,  incluyendo  espacio  público y así  evitar un vacío urbano. Ello con la finalidad de potenciar el inmueble  protegido lindero y solventar la carencia de espacios públicos verdes en el centro porteño”.

Luego de explicar las características de este convenio, las diputadas María Bielli y María Rosa Muiños (Frente de Todos) pidieron que se incorpore al tratamiento un proyecto de un particular que fue tomado por Bielli para declarar esta misma parcela de utilidad pública y sujeta a expropiación, a fin de que se transforme en un espacio público.

Del Sol aseguró que no consideran que ambas se traten del mismo asunto y que por eso las autoridades de las comisiones no han dispuesto el debate en conjunto. La explicación no fue bien recibida por Bielli, quien aseguró que “claramente son dos iniciativas que se refieren a la misma parcela, por ende reglamentariamente deben ser tratadas en conjunto”.

Por último el diputado Del Sol recordó que el viernes próximo se volverán a reunir las comisiones para firmar los dictámenes de los dos expedientes enviados por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. 

Luego del encuentro el diputado Javier Andrade (FdT), vicepresidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, señaló: “Larreta usa la figura de los Convenios Urbanísticos para hacer excepciones y aumentar la altura de los edificios. No respetan las áreas de protección histórica, ni el patrimonio urbano, ni las identidades barriales. La prioridad son los negocios inmobiliarios y se nota mucho”.

A lo que añadió: “Se supone que los convenios existen para hacer acuerdos que beneficien a la ciudadanía, no son un comodín para habilitar construcciones y aumentar las alturas con el único fin de mejorar la rentabilidad de los desarrolladores. Las consecuencias de este modelo urbano empeoran la calidad de vida de todos los habitantes de la Ciudad. Necesitamos discutir la problemática habitacional y exigir que sea el Estado el que regule y garantice el acceso a la vivienda, no puede quedar librado al mercado”.