En medio de la polémica, la interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), María Laura Garrigós de Rébori, negó que el organismo que conduce impida el ingreso a las cárceles federales de las personas detenidas en la Ciudad de Buenos Aires. Además, rechazó una supuesta conversación con el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, en la que le habría solicitado que deje de detener personas para evitar hacinamientos en las comisarías. “¿Cómo voy a decir semejante cosa?”, respondió.

En esta línea, la funcionaria afirmó que la mitad de los presos del país alojados en penales federales son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que la última vez que habló con D’Alessandro fue en el 2020, a raíz de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Asimismo, explicó que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires -al igual que otras fuerzas de seguridad- tienen “un cupo para alojar 100 personas por semana”.

“La Ciudad es la que elige a quienes mandar (al Servicio Penitenciario Federal), si son las personas que van a salir próximamente en libertad o las que están condenadas”, sostuvo Garrigós de Rébori.

En ese marco, la interventora destacó que es “el Poder Judicial el que dispone si una persona queda en libertad o queda detenido, no el Servicio Penitenciario”. “El lugar (para los presos) no depende del Servicio Penitenciario. Las unidades tienen un cupo límite. No solo tienen que tener camas, sino inodoros y lugar para que trabajen y estudien. El Estado tiene que tener un lugar adecuado para no apilar a la gente una del lado de otra”, afirmó.

El ministro de Seguridad y Justicia porteño había revelado el contenido de una conversación privada con Garrigós de Rébori, en la que la funcionaria le habría pedido a la Ciudad que “deje de detener personas para no tener problemas en las comisarías”, luego de que saliera a la luz de una fuga de cuatro presos de una comisaría de Chacarita. Dos de esos detenidos pudieron ser recapturados.

Ahora bien, la interventora del SPF rechazó que haya pronunciado ese comentario: “Yo hablé con D’Alessandro en junio del 2020 y nunca más volví a hablar con él. Lo que sí le dije es que el Servicio Penitenciario ni detiene ni pone en libertad (a las personas), no lo puede hacer”.

En ese marco, Garrigós de Rébori apuntó al gobierno porteño por no contar con un servicio penitenciario propio, una condición que comparte únicamente con la provincia de La Pampa. Además, responsabilizó a CABA por discontinuar durante el gobierno de Mauricio Macri un convenio firmado con el ex ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, para construir nuevas camas en el penal de Marcos Paz, un espacio destinado para los presos porteños.

“La Ciudad de Buenos Aires hizo un convenio con Garavano para construir una unidad en Marcos Paz de 2200 plazas. Esa unidad está muy avanzada y la construcción se ha frenó en diciembre del año pasado. No han cumplido ese convenio. La partida fue destinada a otra cosa y no se sabe si la van a retomar”.

Sin embargo, la titular del SPF aclaró que de las 11 mil personas que aloja” el servicio penitenciario federal, “la mitad son detenidos por la Ciudad de Buenos Aires”. Del total de la población carcelaria, el 40% son internos sin condena y en prisión preventiva.

“Aunque nos construyeran 10 mil plazas nuevas, igual no alcanzarían. Con un 40 y pico por ciento de detenidos en prisión preventiva no hay nada que alcance”, concluyó.

No es la primera vez que el Servicio Penitenciario se pronuncia de esta manera. En un comunicado oficial publicado el 24 de mayo de 2021, Garrigós de Rébori fue de frente y aseguró que el “SPF cumple con su tarea” y que “es mentira que no recibe” a detenidos porteños.