Luego de que el Gobierno Porteño prohibiera el uso de lenguaje inclusivo en las escuelas, Amnistía Internacional solicitó explicaciones, sin embargo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “no respondió el pedido de acceso a la información realizado hace dos meses”.

Además, la organización de derechos humanos llamó a la cartera a “responder” y “rendir cuentas” respecto a “la razonabilidad de las decisiones de la administración pública en general y, en particular, sobre las vinculadas a acceso y disfrute de los derechos humanos”, detallaron en un comunicado difundido.

“La limitación del lenguaje inclusivo entra en colisión con la ley de identidad de género que establece que ninguna norma, reglamentación o procedimiento podrá restringir el ejercicio del derecho a la identidad de género”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina en el comunicado.

“Por eso como sociedad nos interesa conocer los fundamentos para la toma de esta decisión que pone en jaque derechos humanos”, agregó.

Por su parte, la ministra de Educación, Soledad Acuña, había informado que la restricción del lenguaje inclusivo se debió al “bajo rendimiento de las y los estudiantes en pruebas educativas” y que tomaría medidas “disciplinarias” frente a los docentes que lo usen en las aulas.

Ante esas declaraciones la organización hizo un pedido de acceso a la información sobre “las investigaciones que se tomaron de referencia para afirmar la supuesta correlación entre los resultados de dichas pruebas y el uso del lenguaje inclusivo”.

En el mes del Orgullo, Amnistía Internacional había recordado al respecto que “las políticas inclusivas son vitales para que niños, niñas y adolescentes puedan vivir y disfrutar de sus identidades libremente”.