La posibilidad de que la Corte Suprema resuelva a favor de la ciudad de Buenos Aires en el marco de la pelea por los fondos de la coparticipación no sólo sería vista como un triunfo político del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sino que sería un duro golpe para el gobernador Axel Kicillof y las arcas bonaerenses.

De esta forma, en caso de que la Corte falle a favor de Capital, el gobierno de Kicillof dejaría de percibir aquellos fondos millonarios que les giraba el Tesoro nacional de manera discrecional. Así, se vería privada de recursos claves como, por ejemplo, aquellos destinados a realizar obras públicas. Según el proyecto de presupuesto bonaerense para el año próximo, la cifra supera todo lo que se prevé asignar en gastos de capital al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos: $185.585 millones.

El impacto sería tremendo. En efecto, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal bonaerense –que se nutre de los recursos coparticipables detraídos de la Capital– está presupuestado en $200.745 millones para el año próximo. Se trata de nada menos que la mitad del total de las transferencias discrecionales que la Nación prevé girarle a la provincia en 2023, un año electoral.

Hay más ejemplos comparativos que sirven para dimensionar el posible impacto. Por caso, según el presupuesto 2023, esos $200.745 millones implican cinco partidas anuales de inversión de insumos de capital para las fuerzas de seguridad bonaerenses (compra de patrulleros, helicópteros y equipos de seguridad). Son también dos presupuestos enteros en gasto para insumos, equipamiento e infraestructura de la Dirección General de Educación y Cultura, la jurisdicción más importante de la administración bonaerense.

Está visto entonces que un fallo adverso de la Corte Suprema sería una pésima noticia para las ambiciones de Kicillof –que aspira a la reelección– y para Cristina y Máximo Kirchner, que necesitan nutrir de recursos discrecionales a su bastión electoral. En la Casa Rosada recibieron con cierto alivio que el fallo, que intuyen desfavorable, no se firmara el pasado jueves. La demora no hizo otra cosa que agitar los temores en el gobierno porteño, que sospecha presiones de la Casa Rosada para que la sentencia se posponga hasta el año próximo.

Eso sería óptimo para los tiempos de Kicillof, abocado por estos días a conseguir los votos de la oposición en la Legislatura para aprobar el presupuesto 2023 antes de fin de año. Si la Corte decidiera anticiparse con un fallo adverso y le rebanara los $200.745 millones del Fondo, el gobernador se vería obligado a reformular íntegramente su proyecto de presupuesto y a renegociar, con menos recursos, con una oposición que condiciona sus votos a que el gobierno provincial le asegure más partidas para infraestructura y seguridad en los municipios.