Finalmente, hoy se conocerá la condenada a la vicepresidenta Cristina Kirchner por la Causa Vialidad y lo que se sabe es que habrá un rechazo unificado hacia la decisión del Tribunal Oral Federal 2, junto a una marcada preocupación por la que podría ser la respuesta “K” a esa determinación.

En el Gobierno persiste un interrogante en torno al grado y la magnitud que podría tener la réplica de La Cámpora y las organizaciones afines al kirchnerismo. Si bien desde la entidad que conduce Máximo Kirchner adelantaron que no llamarán a una movilización, las fuentes consultadas advirtieron que “cada militante tiene libertad de acción”.

El escenario plantea entonces la posibilidad de que en los días posteriores a la eventual condena a Cristina Kirchner el clima en la calle se recaliente. Lo que sí está confirmado es que, en caso de que el TOF 2 le dé malas noticias a la Vicepresidenta, habrá una oleada de críticas en redes y los medios de comunicación de parte de funcionarios y dirigentes kirchneristas, a los que se espera se sumen integrantes del albertismo y el massismo.

De esta manera, la agenda judicial de la Vicepresidenta volverá a tener centralidad absoluta, algo con lo que en el Gobierno no se sienten del todo cómodo: persisten dudas sobre cómo el incremento de la presión K ante la Justicia puede repercutir en el mundo empresario y la economía. “Las escaladas de tensión nunca son buenas”, reconocen.

Por el momento, la respuesta del oficialismo al posible fallo en contra de Cristina Kirchner quedará en declaraciones públicas y manifestaciones en las redes. No se descarta un comunicado oficial de La Cámpora cuyo contenido estará vinculado a lo que la Vicepresidenta ya dijo en la entrevista a Folha de Sao Paulo. En el artículo, la expresidenta critica con fuerza a la Justicia, a la gestión de Mauricio Macri y adelantó que será condenada.

Si el TOF 2 efectivamente condena a Cristina Kirchner será la primera vez que una Vicepresidenta en ejercicio sufra una resolución de esta clase en su contra. Es un hecho político por demás relevante. La expresidenta está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita en concurso real con el delito de administración fraudulenta agravada que defraudó al Estado en millones de pesos.

Lo que se intenta determinar es si hubo un direccionamiento de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez.