25.04.2024
Argentina

El Gobierno amplió en $1,53 billones el Presupuesto 2022 y la mayor parte se destinará a pagar sueldos públicos

A través del DNU 829 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se resuelve que “resulta necesario incrementar los créditos presupuestarios para incorporar el impacto de las mejoras en las remuneraciones dispuestas por normas legales durante el presente año para el personal de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional”.

De esta manera y “con el fin de afrontar necesidades específicas”, se elevaron las partidas a los siguientes organismos: Auditoría General de la Nación (AGN), Cámara de Senadores y de Diputados, Biblioteca del Congreso, Dirección de Ayuda Social para el personal del Congreso de la Nación, la Oficina de Presupuesto del Congreso y la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, organismos actuantes en el ámbito del Poder Legislativo.

La ampliación de partidas presupuestarias se realiza en momentos en que el Gobierno se apresta a anunciar que otorgará un bono de fin de año para trabajadores en relación de dependencia con sueldos de hasta $180.000 brutos mensuales, y también de un refuerzo para los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo.

Así, el decreto estableció $69.802.050.728 para el pago de “deudas previsionales reconocidas en sede judicial por la parte que corresponda abonar en efectivo por todo concepto, como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones correspondientes a retirados y retiradas y pensionados y pensionadas de las fuerzas armadas y de las Fuerzas de Seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal”.

Unos $72.577 millones para financiar gastos corrientes dentro del “Programa Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados, Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales”.

También se prorrogará el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País, por un importe $48.000 millones, “con el objeto de continuar brindando un marco transicional que tienda a compensar posibles desequilibrios financieros a aquellas jurisdicciones asistidas en tal sentido por parte del Estado nacional”.

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