Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema, el cual obliga a reponer parcialmente a la ciudad de Buenos Aires el porcentaje de coparticipación que se le había quitado en septiembre de 2020, el gobierno de Alberto Fernández prepara un proyecto de ley, junto al ministro de Economía, Sergio Massa, para contrarrestar el impacto.

El objetivo del gobierno es que sea el Congreso el que defina de dónde se obtendrán los recursos para cumplir con la sentencia y pagarle al gobierno porteño. El texto será enviado en el transcurso de esta semana para que sea tratado con carácter de urgente.

La propuesta es que los $110.000 millones adicionales que precisa el Tesoro para cumplir con el fallo a lo largo de 2023 salga de un nuevo impuesto al juego o bien mantener el gravamen sobre las Leliq que venía cobrando la Ciudad.

Según había anunciado el jefe de Gobierno porteño, al recuperar los recursos de la coparticipación inmediatamente avanzaría con una reducción de impuestos. Por un lado, el 1,2% de sellos que se empezó a cobrar sobre las tarjetas de crédito emitidas en la ciudad de Buenos Aires. Y por otra parte reducir el impuesto a los Ingresos Brutos que se les cobra a los bancos por los intereses de las Leliq, devolviéndolo del 8% (nivel al que habían aumentado en septiembre de 2020) al 2,85 por ciento.

En el caso del impuesto al sector financiero, se trataría “simplemente” de mantener esta alícuota del 8% y no rebajarla justo en el año electoral. De esta forma, lo que deja de cobrar la Ciudad pasaría a rentas nacionales. La opción es gravar directamente los ingresos del juego o bien que el esfuerzo sea compartido por ambos sectores. En cualquier caso, la decisión es que sea el Congreso el que se haga responsable de definir de dónde saldrán los recursos.

Desde Economía explican que la otra opción sería sacarle recursos a la provincia de Buenos Aires. Pero se trata de una opción que está fuera de discusión, teniendo en cuenta que el 2023 es un año electoral y el conurbano es el principal bastión del kirchnerismo. Además, el gobernador Axel Kicillof se juega todo a su reelección y tiene buenas chances de lograrla, a pesar de la crisis y los elevados niveles de pobreza que sufre la mitad de las familias que viven en la provincia de Buenos Aires.

Al mismo tiempo, desde la Casa Rosada avanzarán en forma simultánea con una ofensiva judicial para ganar tiempo y no caer en desacato, mientras el Congreso define el esquema de financiamiento para el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Se presentaría una apelación para poner efecto suspensivo sobre el fallo de la Corte, que es cautelar y no se expidió sobre la cuestión de fondo. Pero al mismo tiempo se abrirá una cuenta comitente en el Banco Nación, a la espera de la sentencia definitiva. Así se dejaría clara la voluntad de pago, evitando el desacato ante un fallo de la Corte Suprema. “No queremos estar en desacato, queremos una ley que nos diga de dónde sacamos la plata para cumplir con el fallo”.