El fiscal Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), denunció penalmente al Gobierno porteño por “violación de secretos”. Se debe a la presunta utilización del sistema de datos biométricos sin una “justificación racional”.

Los hechos investigados se encuadran en el delito de acción pública previsto en el artículo 157 del Código Penal, que prevé penas de un mes a dos años de cárcel e inhabilitación al funcionario público que «revelare hechos, actuaciones, documentos o datos que por ley deben ser secretos». La causa recayó en el Juzgado Federal y Correcional N° 3.

Los datos biométricos que utiliza el Gobierno de la Ciudad son provistos por el Registro Nacional de las Personas (Renaper), en el marco de un convenio suscripto en 2019 entre ese organismo y el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA.

Ese acuerdo establece que la información se utilizará para “identificar y/o verificar la identidad de las personas humanas sobre las cuales el Ministerio desarrolle las tareas requeridas por el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial Nacional, Provincial y de la Ciudad Autónoma”. También prohíbe su uso para “fines distintos a los mencionados”.

Sin embargo, el fiscal señaló que mientras la base de datos de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc) contaba hasta 2020 con 40.000 registros de personas buscadas por el Poder Judicial, el Gobierno porteño realizó “más de 18 millones de consultas de registros existentes”.

Según la denuncia, estos accesos a la base de datos del Renaper por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño “parecerían no tener una justificación racional a la luz de los datos aportados, lo que permitiría presumir que no estarían justificados, por lo que podría calificárselos de ilegales”.

Por lo tanto, Rodríguez resolvió iniciar “un sumario administrativo” para las autoridades del Renaper por la información brindada y por no velar por el cumplimiento de la ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Además efectuó la denuncia penal contra los funcionarios del Gobierno de la Ciudad.

Entre las personas por las que el Gobierno porteño solicitó datos se encuentran la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la fallecida titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni; el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni; la diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, y el dirigente social Juan Grabois.

El fiscal Rodríguez relevó que la mayor cantidad de solicitudes recayeron sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (226 consultas), el desaparecido policía porteño Arshak Karhanyan (92 veces) y el presidente Alberto Fernández (76 consultas).

Pero también hay dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) y personas afines: la presidenta del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich; la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió; el precandidato a jefe de Gobierno porteño, Ricardo López Murphy; el diputado de Avanza la Libertad, José Luis Espert; el gobernador jujeño y precandidato a presidente del radicalismo, Gerardo Morales; el diputado radical Facundo Manes y el precandidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei.