La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) acusó a Telefónica por "discriminación" y reclamó ante la justicia que la empresa "brinde información sobre la provisión de servicios de internet en villas y asentamientos". La compañía negó la acusación y aseguró que la orden de publicar los datos "se contestó en tiempo y forma". 
 
"Las empresas suelen ser muy reticentes a brindar internet en las villas y esto impacta negativamente en los barrios", señaló Sebastián Pilo, codirector de ACIJ y abogado en el caso Telefónica, en diálogo con el periódico cooperativo Tiempo Argentino. Y agregó: "Un reclamo creciente es por el acceso a internet. En general, los vecinos acceden por el celular, a través de 4G, o por servicios locales que prestan los propios actores comunitarios, que suelen ser más caros y deficitarios". 
 
Desde Telefónica respondieron a Tiempo Argentino que "se habla de servicio público y se menciona a internet, pero internet no es un servicio público. Sí lo es la telefonía básica. Desde ese lugar, hay un concepto erróneo. Después, cada parte tiene derecho a reclamar en términos de justicia y se avanzará en las distintas instancias judiciales". 
 
Sobre la demanda, desde la empresa aseguraron: "El requerimiento de información cursado a través de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) se contestó en tiempo y forma y con los requerimientos que se establecen por ley". 
 
Según Pilo, de ACIJ, "la comunidad internacional que trabaja derechos digitales interpreta que el acceso a internet es un derecho humano y es además instrumental a otros derechos como la educación y el acceso a la información". Y alertó: “El obstáculo que ponen las empresas es discriminatorio y afecta a los derechos de esta población”. 
 
"La empresa solo brindó información parcial cuando fue obligada por la Agencia (AAIP), pero de ninguna manera satisface lo que había sido pedido por ACIJ y ordenado por la Agencia. Por esto, la Agencia colocó a la empresa como incumplidora de la Ley de Acceso a la información pública", dijo Pilo y agregó: "A partir de esto, como parte de una estrategia para que los vecinos puedan acceder a internet, iniciamos una demanda para que sea la justicia quien ordene publicar esa información". 
 
Pilo apuntó: "Pedimos que informen si tienen usuarios, cuántos son, en qué barrios, cuáles son los criterios para afinar nuevas líneas y nuevas zonas de cobertura. Aún las empresas privadas tienen que respetar los Derechos Humanos, de acceso a la información y de acceso a internet de las comunidades más pobres".