A través de la Procuración del Tesoro, como representante del Estado que es acreedor, el Gobierno avaló que Correo Argentino, empresa involucrada con el grupo Macri, sea intervenida. 

Carlos Zanini, a cargo de la Procuración, respaldó el pedido de la fiscal Gabriela Boquín, quien reclamó el desplazamiento total del órgano de administración y que se nombre un nuevo interventor judicial en el marco del concurso de la compañía. 

Mediante un escrito, el funcionario sostuvo que es imperioso que el Estado cobre lo que le deben ya que, tal como ha tramitado el expediente, “ve disminuida día a día la posibilidad de satisfacer su acreencia, ya sea por la progresiva licuación del crédito, como por la pérdida de activos con los cuales esa acreencia debe ser satisfecha”. También advirtió sobre maniobras de vaciamiento, denunciadas ya por la fiscalía a favor de gente relacionada al macrismo. 

Hasta el momento, los representantes del Grupo Macri han apostado a dilatar la causa y presentaron un recurso extraordinario para que el caso llegue nuevamente a la Corte Suprema (que falló 2 veces en contra de sus intereses) y no se concrete la convocatoria al “cram down” o salvataje, paso previo a la quiebra.