Este jueves ingresaron en la Legislatura porteña dos proyectos del diputado Sergio Abrevaya (GEN) por los cuales propone que el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta reclame judicialmente una serie de traspasos que la Ciudad tiene pendientes.
Una de las iniciativas instruye a Larreta para que, a través de la Procuración General, se presente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que ésta exhorte al Congreso de la Nación que sancione las leyes de transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Registro de la Propiedad Inmueble y de la Inspección General de Justicia (IGJ) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y de los fueros de la Justicia Nacional ordinaria civil, comercial, laboral y penal con sede en la ciudad de Buenos Aires, la competencia ordinaria en los conflictos de las relaciones de consumo y las correspondientes dependencias del Ministerio Público.
Y agrega: “Todo ello en los términos de lo dispuesto en el artículo 129, el inciso 2) del artículo 75 y concordantes de la Constitución Nacional, la Ley N° 24.588, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo determinado en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: ‘Corrales’, ‘Nisman’, ‘Sapienza’, ‘Bazán’ y ‘G.C.B.A. c/ Provincia de Córdoba’”.
En los fundamentos Abrevaya sostiene: “Como representantes de los porteños tenemos el mandato constitucional de solicitar la defensa de los intereses de los vecinos en los términos de los dispuesto por el artículo 6 del a Constitución de la CABA, que expresa: ‘Las autoridades constituidas tienen mandato expreso, permanente e irrenunciable del Pueblo de la Ciudad, para que en su nombre y representación agoten en derecho las instancias políticas y judiciales para preservar la autonomía y para cuestionar cualquier norma que limite la establecida en los artículos 129 y concordantes de la Constitución nacional’”.
En tanto, el segundo proyecto impulsa que la Procuración General reclame judicialmente la transferencia de la estación terminal de ómnibus de Retiro a la órbita del distrito capitalino.
En el texto, el legislador además pidió que la presentación judicial requiera “la transferencia de la totalidad de bienes inmuebles, muebles, recursos humanos, concesiones adjudicadas y en proceso de adjudicación, contratos, activos y pasivos, sistemas informáticos, documentación en manos de las autoridades del Gobierno nacional”. Así como también “autorizar el acceso libre y llano a las autoridades de la Ciudad para hacerse cargo de la totalidad de la operación”.
“Los ómnibus que llegan a la ciudad de Buenos Aires, o salen de ella, deben llegar y salir de una estación terminal que sea competencia de la Ciudad en la que se sitúan. Las estaciones terminales de ómnibus de otras ciudades, como por ejemplo la Estación Terminal de Córdoba, pertenece a la provincia de Córdoba, o la Estación de Rosario, pertenece a la Municipalidad de Rosario. No existe razón que justifique que la estación terminal de ómnibus de Buenos Aires y no la de ninguna otra ciudad, pertenezca al Gobierno nacional”, concluyó Abrevaya en los argumentos de su propuesta.