El oficialismo no logró la sanción de la ley conocida como “Ficha limpia”, que impide que personas condenadas por causas de corrupción, delitos contra la administración pública y contra la integridad sexual se presenten a elecciones. La oposición afirma que la norma “vulnera el principio de inocencia”.

 “Sabían que no tenían los votos para aprobarlo y decidieron tratarlo igual”, señalaron varios diputados de la oposición cuestionando al oficialismo por plantear el debate en el recinto de la Legislatura porteña del proyecto de ley conocido como “Ficha limpia”.

La iniciativa modifica el Código Electoral porteño (Ley 6031) y se basa en un proyecto del diputado Gastón Blanchetiere (Confianza Pública/VJ), presentado en 2019, y el otro es más reciente, ingresado este año 2020 por Guillermo Suárez (VJ). 

Está en sintonía con la ley impulsada a nivel nacional por la diputada Graciela Ocaña y establece que los precandidatos y precandidatas que se postulen a cargos electivos deberán presentar su registro de antecedentes penales, y no podrán formar parte de las listas quienes hayan sido condenados por causas de corrupción o contra la integridad sexual.

Entre los delitos que contempla figuran los de lesa humanidad o en contra de las instituciones democráticas, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública y enriquecimiento ilícito. 

Luego de extensos discursos donde Vamos Juntos instó al Frente de Todos a acompañar la iniciativa, la votación fue de 39 votos positivos (uno menos de los 40 necesarios) y 20 negativos (FdT, FIT, PO y AyL).

Blanchetiere destacó que el proyecto “es un orgullo porque esto viene con un gran apoyo de la sociedad civil, hace una semana atrás se presentaron en esta Legislatura la firma de miles de personas que querían que la ‘ficha limpia’ sea ley” e indicó que “lo que debería ser una obviedad, a raíz de los debates en las Comisiones, pareciera que para algunos no es tan claro que debemos tener estándares más altos para nuestros candidatos”.  

“Si a la población se le exigen certificados de antecedentes penales para acceder a un trabajo, ¿no es razonable que algo similar aplique para quienes ocupamos un cargo público?”, añadió.

Por su parte la diputada Myriam Bregman (FIT) señaló: “Yo estoy a favor de que el pueblo vote a cualquiera, al que quiera, exactamente lo contrario que se propone acá. Es grave y amplísimo lo que ponen”. 

La diputada Marta Martínez (AyL) argumentó que “el proyecto llamado ‘ficha limpia’ busca legitimar a una dirigencia política que está golpeada en su conjunto, tienen que mostrarse limpios porque cada vez salen a la luz más denuncias de corrupción que involucran al oficialismo y la oposición” e indicó que “en los últimos años hubo causas contra Mauricio Macri y Cristina Kirchner, también se acusa de causas armadas que involucran a juegos, servicios de comunicación, entre otros”.

En tanto la diputada Cecilia Segura (FdT) aseguró que “preocupa que se vulnera el principio de inocencia que se instaló hace ya muchos años, se encuentra consagrado en otros convenios, pactos y tratados; este principio es básico y sostiene que toda persona es inocente hasta que haya una sentencia jurídica firme. Esta medida restringe el derecho político y el derecho a ser elegido”.

El legislador del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano explicó: “Este proyecto parte de un imposible, si uno aplicara de modo riguroso de ‘ficha limpia’ en Argentina entraríamos en un vacío de poder. Lo que se pretende es armar una campaña política pero de ninguna manera busca traer transparencia. La clase capitalista delega el manejo en la clase política, la cual usa como recurso propio la corrupción”.

El diputado Suárez expresó: “Lamento profundamente que no hayamos podido alcanzar los acuerdos necesarios para alcanzar un consenso amplio en torno a este proyecto. La iniciativa que habíamos presentado con el diputado Claudio Romero planteábamos incorporar los delitos del Titulo Tercero de Libro Segundo del Código Penal que son abuso sexual, abuso sexual agravado, abuso sexual seguido de muerte, corrupción de menores, rufianería, promoción y facilitación de la prostitución, proxenetismo agravado, sustracción o retención de una persona con la intención de menoscabar su integridad sexual, grooming y cooperación en todos los delitos anteriores por ascendientes, descendientes, cónyuges, convivientes, entre otros”.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes (VJ), manifestó que “no hay nada que indique que estamos contrariando al principio de inocencia, no se lo está violando; las intervenciones que estamos haciendo son sobre el Código Electoral, no sobre materia jurídica. Nuestra comunidad le puso un límite a los condenados por delitos de lesa humanidad, estamos legislando sobre la misma materia pero poniendo nuevos límites”.

El diputado Martín Ocampo (UCR-Ev) destacó: “Es un comienzo del debate sobre lo que nosotros entendemos que es la participación política; si hoy les preguntáramos a los vecinos que opinan de este debate, estoy segura que todos querrían que sus candidatos no tengan condenas firmes,  quieren que los represente una mejor calidad política. No hay espacio político que no haya recurrido a la Justicia”.

Por último, Blanchetiere manifestó: “No hay nadie por encima de la ley y eso tal vez eso le genere un shock a los diputados del Frente de Todos que consideran al Estado un botín. El proyecto busca elevar los estándares de transparencia para todos los candidatos, de todos los espacios, con un control similar al de cualquier empleado. El rechazo a esta ley está lejos de argumentos legales: se trata de una postura política en perjuicio de la ciudadanía”.