La interventora del Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE), Soledad Manin, convocó a una audiencia pública el 29 de marzo a las 8, con el objeto de tratar el Régimen de Transición Tarifaria de Transener, la empresa que se dedica a la transmisión eléctrica. Lo hizo mediante la Resolución ENRE N° 54/2021.

En tanto que con las resoluciones 55, 56 y 57 convocó a audiencia para el mismo día pero a las 14 al Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) y las empresas de transporte de energía eléctrica Transba, Distrocuyo, Traspa, Trasco, Transnea y Transnoa, con el mismo objetivo.

En tanto, el 30 de marzo será la audiencia para debatir sobre cómo será el régimen de transición para las distribuidoras eléctricas del área metropolitana de Buenos Aires (Edenor y Edesur).

Las audiencias tienen como objetivo "preservar el derecho de las personas usuarias a la información y registrar sus posturas", informó. En las audiencias, el ENRE "pondrá a consideración el cuadro tarifario de transición propuesto para los próximos dos años", indicó el organismo en un comunicado.

Con el objetivo de garantizar la participación de los usuarios, la Intervención del ENRE resolvió que las audiencias se hagan de forma virtual y sean transmitidas por streaming.

"El objetivo es brindar una adecuada solución de coyuntura en beneficio de las personas usuarias, así como para las concesionarias, bajo la premisa de sostener 'la necesaria prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de electricidad, en condiciones de seguridad y garantizando el abastecimiento respectivo, así como la continuidad y accesibilidad de dichos servicios públicos esenciales', según lo dispuesto por el Decreto N° 1020/2020", agregó.

Lo que el Gobierno denomina "Regímenes de Transición" regirán en transporte y distribución eléctrica hasta que haya un "Acuerdo Definitivo de Renegociación".

El ente regulador remarcó que las Restructuraciones Tarifarias Integrales (RTI) de 2017 durante la presidencia de Mauricio Macri  "fueron suspendidas tras sendas auditorías y revisiones técnicas, jurídicas y económicas, que determinaron que éstas carecían de validez jurídica y racionalidad económica, al no considerar la realidad social y económica del país".

"Además, las mismas no fueron razonables ni prudentes en su diseño y su aplicación vulneró el marco regulatorio del sector y los derechos de usuarios", agregó.