La vicepresidenta Gabriela Michetti asumió el control de las pensiones para discapacitados en septiembre del año pasado. Fue días después de haber presentado el Plan Nacional de Discapacidad junto a Mauricio Macri donde prometieron lograr “una Argentina inclusiva, donde todas las personas tengan la oportunidad de desarrollarse y crecer”. 

Lo cierto es que el Gobierno suspendió y dio de baja en los últimos dos años a unas 170.000 pensiones no contributivas, de las cuales 70.000 eran por invalidez. Y luego llegó el Fondo Monetario Internacional y pidió ajustar, por supuesto. 

Por lo que, atendiendo a los requerimientos del organismo multilateral de crédito, Cambiemos, con el fin de achicar gasto fiscal apunta a recortar la ayuda de $4776, valor de la pensión mínima. 

Pero eso no es todo, porque en la ciudad natal de Michetti, Laprida, la acusan por paralizar 36 pensiones para vecinos con discapacidad y dilatar los tiempos de entrega de nuevos beneficios. 

No se trata de la primera embestida del Gobierno contra las personas con discapacidades. Hace casi un año, Desarrollo Social dio de baja unas 170 mil pensiones, aunque, desatado el escándalo, debió dar marcha atrás. 

El concejal del FPV, Pablo Torres, explicó al portal Todo Provincial que “la vicepresidenta es nacida en Laprida y a su vez es la referente política de la Agencia Nacional de Discapacidad. Nosotros relevamos los casos de pensiones no contributivas por discapacidad y presenté un proyecto en el Concejo para exigir a la Agencia y a Michetti que agilice los 36 casos”. 

Según cuentan desde Laprida, las pensiones tardan entre 10 y 12 meses en salir y en el proceso pasan por varias oficinas. “La anteúltima es Determinación de Derechos que evalúa el caso y resuelve si corresponde o no el otorgamiento de la pensión. En caso de ser positivo va a Liquidaciones que paga. Estos casos habían llegado a esa última etapa pero semanas atrás cinco expedientes fueron devueltos para requerir más documentación, algo que es muy extraño porque ya habían sido aceptadas”, resaltó Torres. 

A pesar de los reclamos, no hubo respuesta del Gobierno Nacional y los perjudicados esperan que se aceleren los tiempos y que más adelante no encuentren excusas ante la falta de presupuesto.