Aprupaciones del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) denunciaron que el actual interventor del gremio, Julio Simón continúa boicoteando la posibilidad de normalizarlo a través de la realización de elecciones con la participación de sus afiliados en todo el país.

Según consignó El Día, dijeron que Simón le negó información al veedor oficial del Ministerio de Trabajo, Matías Rulli, que realizó un informe proponiendo la normalización del gremio. Y que cerraron la filial Cañuelas y desplazaron a delegados que no responden al interventor.

 También sostuvieron que Simón ubicó en Lanús a Cristina Fretes Avellaneda y Daniel Sánchez, a los que señalaron como dos históricos del ex titular del SOEME, Marcelo Balcedo, y haber reemplazado en Bahía Blanca a Gabriel Busada para poner una adherente suya, Patricia Iglesias.

Juan Fernández, el sindicalista platense que lidera la oposición a Simón, aseguró que la Secretaría de Trabajo de la Nación tendría que tomar nota de estas irregularidades y frenarlas. “Es imperativo normalizar el gremio”, sentenció.

Irregularidades

Cabe recordar que la Justicia platense ordenó en 2018 la intervención del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) tras la detención en una chacra cercana a Punta del Este de su extitular, Marcelo Balcedo. Lo resolvió el juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la causa contra Balcedo.

Fue condenado a prisión por lavado y otros delitos económicos. Y detenido en enero de 2018, sigue con domiciliaria en su chacra de Punta del Este, Uruguay.

Julio Simón hijo es el interventor del SOEME desde el 22 de mayo de 2020. Fue designado inicialmente por el juez Ernesto Kreplak y luego ratificado por la Cámara Nacional del Trabajo.

“No solo tiene la vocación de quedarse con el gremio, desnaturalizando la función que debe cumplir, sino que algunos de sus colaboradores trabajaron con la gestión de Balcedo”, dijeron a El Día los gremialistas entrevistados.

Recordemos que la Justicia Federal constató que bajo su mando se desviaron unos 500 millones de pesos que correspondían a los aportes de los afiliados, sólo entre 2012 y 2017. La presencia de excolaboradores de Balcedo en la intervención del SOEME había sido denunciada por Sitosplad, el gremio que reúne al personal de la obra social docente, en 2021.