Un grupo de directores del Puerto decidió avanzar en una jugada que —según especialistas en derecho administrativo— no tiene precedentes y roza lo escandaloso: convocaron por su cuenta una reunión para nombrar un presidente interino y un gerente general sin la participación de la Provincia, aun sabiendo que la Ley bonaerense prohíbe tajantemente ese movimiento.

La maniobra lleva la firma del gerente de Terminal Quequén, Daniel Arce, acompañado por el representante de Coninagro Juan Ouwerkerk y los directores sindicales Carrillo y Gavilán, todos alineados políticamente con Sergio Massa.

El objetivo: tomar el control del Consorcio de Gestión del Puerto, un organismo estratégico para la exportación de granos, la economía bonaerense y la recaudación nacional.

Pero eso no es todo. El nombre que suena para la gerencia general es Pablo Aued, exconcejal de Juntos por el Cambio en Necochea, sin experiencia portuaria y con un sueldo proyectado que superaría los 20 millones de pesos mensuales. Para muchos actores del sector, su designación no responde a méritos técnicos sino a acuerdos de amistad y conveniencia con Arce.

En La Plata encendieron todas las alarmas. Altas fuentes del gobierno provincial señalan que:

 • Sólo el gobernador puede designar al presidente del Puerto.

 • La autoconvocatoria es inválida y cualquier resolución será nula.

 • Los directores que avancen así podrían enfrentar denuncias civiles y penales.

Incluso comenzó a tomar fuerza una posibilidad extrema: la intervención del Consorcio de Gestión de Quequén, algo que no se descarta si el conflicto escala.

¿Por qué preocupa tanto? Porque Quequén es uno de los puertos agroexportadores más importantes del país, clave para el ingreso de divisas. Y un conflicto institucional de este tamaño podría afectar la logística, los costos y el ritmo de embarques en plena campaña fina.

Mientras tanto, cooperativas, navieras y exportadoras observan con inquietud cómo un grupo minoritario intenta forzar un cambio de conducción con reglas propias, poniendo en riesgo la estabilidad de un puerto que mueve miles de millones de dólares por año.

Lo que está pasando en Quequén ya dejó de ser un asunto local:

es una pulseada de poder que puede sentar un precedente grave para toda la red portuaria argentina.

La pregunta ahora es otra: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar… y cómo responderá la Provincia?