El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, decidió mover sus fichas frente a las dificultades económicas que atraviesan la provincia y los municipios bonaerenses, situación que atribuyó a las políticas y a la “asfixia” financiera del gobierno de Javier Milei.

En ese contexto, convocó para el jueves 26 de marzo a una cumbre de intendentes, no solo de Fuerza Patria sino también de todo el arco opositor. El encuentro se realizará en el Salón Dorado de la Gobernación.

El título de la jornada resultó elocuente y generó malestar entre dirigentes libertarios: “Consecuencias económicas del Gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la Provincia de Buenos Aires y sus municipios”.

Uno de los primeros en cuestionar la iniciativa fue el intendente de Tres de Febrero en uso de licencia, Diego Valenzuela, quien expresó: “En lugar de dedicarse a gobernar y resolver los muchos problemas que tenemos los bonaerenses, su prioridad es oponerse al gobierno nacional. Antes era ‘ah pero Macri’, ahora es ‘ah pero Milei’”.

El complejo panorama económico en la provincia y los municipios

La convocatoria se da en medio de un escenario económico adverso en la provincia de Buenos Aires. El gobierno bonaerense reclama a la Nación más de 22 billones de pesos en concepto de deudas vinculadas a fondos coparticipables y a la paralización de obras públicas con financiamiento nacional, interrumpidas como parte de la política de ajuste del gasto.

Desde la administración de Kicillof sostienen que se trata de recursos que corresponden por ley a la provincia, motivo por el cual tramitan siete expedientes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Tras varios meses sin avances, el máximo tribunal dio una primera señal al habilitar una audiencia entre autoridades bonaerenses y la ANSES, en el marco de un reclamo por 2,2 billones de pesos. “Pido un aplauso para la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque se acordó de la Provincia de Buenos Aires”, ironizó el gobernador.

A este frente de conflicto se suma la caída de la recaudación producto de la situación económica general. El impacto también alcanza a los municipios, que registran una disminución en los ingresos por coparticipación provincial, una fuente de financiamiento clave —y en muchos casos indispensable— para el funcionamiento y la prestación de servicios básicos.