La Sala IV de la Cámara de Casación revocó un fallo de 2019 y sobreseyó a Amado Boudou en la causa en la que se investigó si falsificó tres formularios para transferir un auto Honda, modelo 1992. El tribunal también confirmó su absolución por la compra de 19 vehículos de alta gama cuando era ministro de Economía.
“El voto mayoritario (de la condena) no cuenta con un fundamento en un plexo probatorio que permita arribar a la certeza requerida acerca de la intervención del imputado en el hecho investigado”, sostuvo en su voto el camarista Carlos Mahiques. Y agregó: “Si bien en la sentencia se sostiene que Boudou fue quien contactó a los gestores y les requirió la realización del trámite, no surge de lo expuesto por el tribunal cuáles son los elementos de prueba en que sustentaron dicha afirmación. Las pruebas aportadas no demuestran que haya sido Boudou quien los contactó, sino únicamente que mantuvo un encuentro con el primer gestor sin que se haya podido comprobar alguna vinculación con quien realizó el trámite irregular, Andrés Alberto Soto”.
Boudou había sido condenado por el Tribunal Oral Federal 8 a tres años de prisión por presuntas irregularidades en tres formularios para hacer la transferencia del auto. En ese momento también fueron condenados a tres años María Graciela Taboada de Piñero, titular del titular del Registro Automotor 2 de la ciudad de Buenos Aires, y el gestor Alberto Soto. Todos fueron acusados del delito de falsedad ideologica, que tiene una pena máxima de seis años. La ex pareja de Boudou, en cambio, fue absuelta.
Por ese mismo hecho, Boudou ya había sido juzgado y sobreseído, pero el juicio se anuló y debió hacerse de nuevo.
La defensa del ex vice apeló ante la Cámara de Casación, que ahora decidió revocar la condena. En cambio, el tribunal confirmó la absolución de Boudou por la compra de los autos de alta gama.
En ese expediente se investigaban las presuntas irregularidades en la compra, en 2009, para el Ministerio de Economía de 13 Bora, 3 Passat, 3 Vento a la concesionaria “Guido Guidi”. Para el juez de primera instancia, la operación se hizo por una subasta directa, sin cumplir los procesos establecidos y porque la concesionaria presentó un pliego de compra acorde a las condiciones del Ministerio de Economía. El costo fue de 2.131.400 de pesos.