En el marco de la profunda recesión generada por la epidemia de coronavirus, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, el Gobierno de Alberto Fernández evalúa la posibilidad de implementar un ingreso universal, para lo que ya inició conversaciones con distintos especialistas. La iniciativa se implementaría recién desde el fin de las medidas de cuarentena y aislamiento social.

Para avanzar en el diseño del plan, el Gobierno ya está llevando adelante consultas con algunos de los históricos impulsores de la iniciativa, como el expresidente Eduardo Duhalde o el director del Banco Nación Claudio Lozano. El propio presidente manifestó hace algunos días: “Creo que sería bueno que nosotros garanticemos un ingreso universal a todos los argentinos. Me parece una salida válida, que en todo el mundo se está viendo y se está aplicando”.

Las primeras discusiones en torno a la posibilidad de crear un ingreso universal en nuestro país se dieron en torno a la crisis de año 2001. En la actualidad implica toda una reorganización de los distintos sistemas de planes sociales y alimentarios que deberían ser reorganizados hacia este ingreso.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, analiza propuestas y lleva adelante distintos intercambios virtuales sobre un posible “salario universal”, cuyas características todavía no están definidas. Al respecto, el funcionario manifestó: “Todo está bajo estudio. Estas son políticas que necesitan consenso, exceden a un gobierno. Estamos conversando con todos”.

Arroyo destacó que la iniciativa implica un “cambio estructural de lo social” con eje en el trabajo, el ingreso y el acceso a servicios básicos. Las primeras conversaciones al respecto se llevarían adelante con dirigentes sindicales y referentes de distintas organizaciones políticas y sociales.

La semana pasada Fernández y Arroyo le pidieron a Lozano que les envíe una actualización de la propuesta de Salario Universal que había realizado con su equipo desde el Instituto Pensamiento y Políticas Públicas. Esta iniciativa prevé eliminar las restricciones vigentes para los beneficiarios de ayudas sociales y establecer una renta equivalente a un salario mínimo, vital y móvil para “todos aquellos que tengan entre 18 y 65 años y no sean asalariados formales”. “Esto, sumado a la AUH, permitiría poner un piso de ingreso por hogar equivalente a la canasta familiar”, detalló Lozano al respecto.