La oposición no logró revertir el veto presidencial de Javier Milei a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria en la Cámara de Diputados. La votación terminó más holgada a favor de la Casa Rosada de lo que se anticipaba hace apenas dos semanas gracias al cambio de posición de una parte importante del bloque UCR y de Innovación Federal. El resultado final fue 153 a favor, 87 en contra y 8 abstenciones.
Debido a que el proyecto llegó al recinto sin dictamen de comisión, se necesitaba habilitar su tratamiento sobre tablas con dos tercios de los presentes, la misma mayoría agravada que se necesitaba para su aprobación. La habilitación se aprobó a mano alzada incluso con el aval del oficialismo, que al tener los votos para blindar el veto, prefería avanzar con la votación para evitar que el tema vuelva a comisión y se prolongue la discusión.
El tucumano radical Mariano Campero, fue el primero en dar a conocer su posicionamiento quien en la última reunión de bloque adelantó su voto negativo bajo el argumento de que los fundamentos del veto inclinaron su posición a favor del Gobierno, mientras que la cordobesa Soledad Carrizo deslizó la misma intención, de no insistir con la fórmula de movilidad jubilatoria.
Asimimo, se pusieron del lado de Milei los legisladores que responden a los gobernadores radicales Gustavo Valdés (Corrientes) y Alfredo Cornejo (Mendoza), quienes tienen buen vínculo con la Casa Rosada. Lo mismo paso con la diputada Roxana Reyes y Luis Picat, que se diferenciaron de su bloque en el rechazo al DNU sobre gastos reservados a la SIDE, avalando la postura del oficialismo.
Represión tras el resultado
Ante la confirmación del veto a Milei, en las inmediaciones del Congreso comenzaron las corridas. Es que, este martes, sindicatos, movimientos sociales y funcionarios del Gobierno bonaerense se plegaron a la marcha de jubilados, por lo que la Plaza de Congreso rebozaba de manifestantes que comenzaron a inquietarse ante la avanzada de los efectivos de seguridad.
Recordemos que ley de reforma jubilatoria fue sancionada hace tres semanas en el Senado y establecía una actualización por IPC de las jubilaciones más un plus de 8,1% retroactivo a enero. Además incluía el pago de las deudas de las cajas previsionales provinciales, el desembolso de todos los juicios previsionales con sentencia firme y un aumento anual adicional en marzo según la diferencia entre el índice Ripte y el IPC. Asimismo, Milei ya había adelantado que vetaría dicha ley tras considerar que implicaba un costo fiscal de 1,2 puntos del PBI y que arruinaría el superávit fiscal, base de su programa económico.