Con fuertes críticas al Gobierno nacional por la quita de coparticipación a la Ciudad, el ministro de Hacienda y Finanzas Martín Mura llevó a cabo la presentación del Presupuesto 2021 en la Legislatura porteña. El mismo es un proyecto de contingencia de poco más de 587.000 millones de pesos, con fuerte reducción del gasto público, suspensión de obras, revisión de grandes contratos y medidas transitorias.

Este miércoles se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña, que preside el diputado Claudio Romero, con la visita del ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad Martín Mura. 

De esta manera se dio inicio al análisis del proyecto de Presupuesto 2021, la Ley Tarifaria para el año próximo, las modificaciones al Código Fiscal vigente, una iniciativa para permitir la emisión en el mercado local de títulos de deuda, y una modificación a la ley de operaciones voluntarias de administración de pasivos. 

Mura comenzó explicando las razones de la demora en la presentación de las iniciativas, dado que la fecha prevista es el 30 de septiembre y recién el viernes pasado ingresaron a la Legislatura los proyectos: “Somos un gobierno que funciona planificando. La planificación es una hoja de ruta que nos permite ponernos objetivos claros hacia dónde queremos ir. Las grandes transformaciones que hemos visto en la Ciudad, y que seguiremos viendo, se explican en gran parte gracias a esa planificación minuciosa. Y esa planificación se traduce en un presupuesto, que luego se ejecuta y se hace realidad. Así lo hemos venido haciendo desde hace 13 años, elaborando siempre presupuestos con el propósito de mejorar la calidad de vida y de generar oportunidades de progreso para todas las personas que viven, trabajan, estudian y visitan la ciudad de Buenos Aires”.

Y añadió: “Basados en estos parámetros fue que en junio comenzamos el proceso de formulación del cálculo de recursos y gastos para el año 2021. Este es un presupuesto que, desde sus inicios, surgió condicionado por los efectos devastadores de una pandemia que aún sigue impactando al mundo, a nuestro país y a nuestra ciudad. En el proceso final de la preparación de este presupuesto, con la vista puesta en un posible escenario post pandemia y analizando cómo enfrentar los desafíos de la nueva realidad, la Ciudad recibió un golpe inesperado”. 

En ese sentido señaló: “El pasado 9 de septiembre, de manera intempestiva, unilateral e inconstitucional, el Gobierno nacional decidió -a través del Decreto 735/20- violar los principios básicos del federalismo fiscal y avasallar la autonomía y las finanzas de la Ciudad, recortándole más de un punto de la Coparticipación Federal; porcentaje que le corresponde por la transferencia de facultades y funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad (....) El mencionado decreto se funda en un informe técnico elaborado por el Ministerio del Interior en el que obran inconsistencias manifiestas. Resulta difícil creer que el mismo no haya sido el instrumento que buscó justificar una reducción cuyo monto ya había sido decidido de antemano”.  

Y detalló: “En primer lugar, dicho informe no evalúa el costo del traspaso como la transferencia de funciones y competencias, sino que intenta reducirlo únicamente a un traspaso de agentes y equipamiento, difiriendo de la realidad y el espíritu del convenio. El error es clarísimo ya que, si lleváramos al ridículo este escenario, si no se hubiesen traspasado personal ni equipos, el costo habría sido exactamente el mismo, ya que la Ciudad debería haber tenido que incurrir en esos gastos para poder brindar el servicio de Seguridad transferido”.

“El segundo gran error es que el cálculo se basa en el gasto informado y realizado por la PFA para el año 2016, ignorando que dicho año fue definido en el Convenio como ‘año de transición’ dado que la transferencia sería progresiva. Dicha progresividad hizo que en los primeros meses no se viera impactado el total del personal traspasado, proceso que finalizó recién en 2017 y sin la totalidad acordada. Es decir que una foto de dicho año no representa, en lo más mínimo, el costo pleno del traspaso. El informe tampoco tiene en cuenta los gastos efectuados por la Ciudad tanto en personal como en otros gastos necesarios para la prestación del servicio transferido”, resaltó.

A lo que agrega: “Señala que el 97% del gasto del año 2016 fue en concepto de salarios pagados y, por otra parte, reconocen que la proporción de salarios sobre otros gastos es 80/20 al proponer el índice de actualización.Tampoco toma en cuenta la necesidad de incorporación de efectivos por la menor transferencia de agentes con cargos jerárquicos. En fin, estas y otras inconsistencias notables de dicho informe invalidan cualquier conclusión que salga de allí. Por eso, desde nuestro punto de vista, no caben dudas que la mejor manera de hacer el cálculo es tomando la ejecución del Presupuesto del año 2015 de la PFA. Gasto que además fue ejecutado por un gobierno distinto al que efectuó el traspaso, es decir durante el mandato de la hoy Vicepresidenta de la Nación, y que refleja sin dudas cuánto se gastó para prestar el servicio que finalmente se transfirió”.

Para finalizar, expresó: “Con este método, y tomando los proporcionales transferidos por los programas de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana (100%) y la Superintendencia de Bomberos (75%), más otros gastos transversales (Investigaciones, Científica, Formación y Capacitación, etc), el gasto devengado en el 2015 superó los $13.000 millones, cifra ampliamente superior a los $8.047 millones que calcula el mencionado informe para el año 2016. Aquel monto ejecutado en el año 2015 para prestar el servicio de seguridad en la Ciudad por la PFA representaba, en términos de coparticipación, un coeficiente del 2,35%, llevando a 3,75% el porcentaje total para la Ciudad. Luego, en virtud del Consenso Fiscal del año 2018, este coeficiente se redujo a 3,50%, cuando se incorporaron a la masa coparticipable los recursos del Fondo del Conurbano Bonaerense”.

Para Mura lo expuesto “pone de manifiesto una clara intencionalidad por parte del Gobierno nacional en afectar las finanzas públicas de la ciudad de Buenos Aires” dado que el impacto de su medida en las cuentas de la Ciudad es que “dejó de recibir alrededor de 9.000 millones de pesos. Con el agravante, además, de haberse adoptado semejante medida sobre un presupuesto en plena ejecución y en el medio de una crisis sanitaria, producto de una pandemia mundial sin precedentes. Esto significa dejar de percibir para este año más 13.000 millones de pesos y para el próximo, 52.000 millones de pesos. Esta última cifra representa alrededor del 9% del total de recursos estimado para el próximo año”. 

Por otro lado, el Poder Ejecutivo nacional avanzó con el envío y el tratamiento un proyecto de ley, el cual ya cuenta con media sanción del Senado, dictamen de la Comisión de Presupuesto y está próximo a tratarse en la Cámara de Diputados.

Mura aseguró que el mismo “resulta ser más gravoso para la Ciudad, porque reduce más el monto a transferir alcanzando una reducción del 1,32%, que implican 65.000 millones de pesos menos de recursos, y elimina la intangibilidad y automaticidad de los recursos, en clara violación al artículo 75 de la Constitución nacional, ya que propone que los recursos para financiar el Servicio de Seguridad en la Ciudad ya no provengan de la parte coparticipable que le corresponde a la Nación, sino que formen parte del Presupuesto nacional, pasando a depender exclusivamente de la discrecionalidad política de turno”.

El ministro reclamó que “durante el transcurso del presente año nuevamente se han interrumpido las transferencias de los fondos acordados debido a la falta de automaticidad y metodología de pago, adeudando al día de hoy a la Ciudad las transferencias correspondientes a los años 2019 y 2020. En definitiva, de prosperar dicho proyecto de ley, la quita de recursos para la Ciudad alcanzará los 65.000 millones de pesos, sin siquiera garantizar los 24.500 millones de pesos que dice ser el costo de la transferencia”.

Por otra parte, Mura resaltó que “se encuentra hoy en discusión la prórroga del Consenso Fiscal de 2017, que en sus primeros borradores busca claramente perjudicar a la Ciudad o dejarla afuera del mismo, imponiendo -entre otras cláusulas- la obligación de suspender los juicios ya iniciados y abstenerse de iniciar procesos judiciales relativos al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. En síntesis, no hay dudas de que la decisión de quitar un porcentaje de Coparticipación a la Ciudad no se trata de una medida aislada, sino que forma parte de un plan del Gobierno Nacional para limitar la autonomía financiera de la Ciudad de Buenos Aires y esmerilar así su conducción política”.

Para el funcionario porteño el Gobierno nacional tiene el claro objetivo de “generar un perjuicio a la Ciudad” y mencionó “la distribución discrecional de fondos desde el Gobierno Nacional mediante la cual la Ciudad sólo recibió el 1% de los mismos durante este año, incluso siendo ésta una de las jurisdicciones más perjudicadas por el impacto de la pandemia; y el bloqueo en la transferencia y disposición de los inmuebles afectados al financiamiento de las obras Paseo del Bajo y los viaductos elevados San Martín y Mitre. Estos inmuebles iban a ser vendidos por el Estado nacional para financiar dichas obras”. 

Luego de esgrimir las razones de la reelaboración del proyecto de Presupuesto Mura expresó: “Frente a este escenario complejo, elaboramos un Presupuesto de Contingencia que contempla un Programa de Ajuste Transitorio. Decimos de contingencia y con ajustes transitorios ya que, si la Justicia no hace lugar al reclamo por la quita de los fondos efectuado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y/o si el Congreso de la Nación aprueba el Proyecto de Ley impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, este programa se verá reforzado por nuevas medidas aún más restrictivas. Como así también, si la situación se retrotrae al 9 de septiembre, ya sea porque hay un fallo de la corte en ese sentido o por otro motivo todo este programa transitorio quedará en la nada”.

La baja de lo percibido por la Coparticipación Federal por el decreto vigente al día de hoy representa aproximadamente 52.000 millones de pesos para el próximo año, la que será compensada en parte con un conjunto de medidas para la reducción del gasto público en 32.193 millones de pesos y por la generación de nuevos ingresos por 19.600 millones de pesos.

En lo que respecta al Gasto Público, en este proyecto de presupuesto, la Ciudad tuvo que reducir 18.000 millones de pesos en obras. A esto se le suma una reducción del Gasto Corriente de 14.000 millones de pesos. En esta línea, se está llevando a cabo una revisión de los contratos que implicará una baja en la calidad de la prestación, siempre buscando no poner en riesgo las prestaciones esenciales que día a día brinda la Ciudad 

El Plan de Ajuste Transitorio por el lado de la reducción del gasto se refleja en tres grandes ítems: 

La suspensión, postergación y/o ralentización de obras y la compra de equipamiento. Por ejemplo: afectará a más de 20 obras para la red de subterráneos, el traslado de la cárcel de Devoto, 52 km de túneles del Plan Hidráulico, etc. En cuanto a equipamiento afectará la compra de más de 8000 cámaras de seguridad, más de 700 patrulleros y 200 motos.

La revisión de los contratos vigentes, como recolección de basura, mantenimiento hospitalario, y del espacio público entre otras.

La administración del Estado. Se reducirá el gasto en alquiler de oficinas, en el mantenimiento y limpieza de los edificios gubernamentales, promoviendo el teletrabajo. Afectará también a las negociaciones paritarias del próximo año. 

Y, por otro lado, se propone un conjunto de medidas referidas a la generación de nuevos ingresos por 19.600 millones de pesos, a través de la implementación de tres modificaciones impositivas: 

La eliminación de la exención al impuesto sobre los Ingresos Brutos a las LELIQs y los pases (que reportará 11.900 millones de pesos),

La aplicación del impuesto a los Sellos a las tarjetas de crédito (7.700 millones de pesos). Estos tributos, que también se aplican en otras jurisdicciones como Buenos Aires, Tucumán, Chaco, San Luis y Tierra del Fuego, entre otras, compensan el 38% de la baja de los recursos impactados por el Decreto Nacional 735/20.

Para el cierre del ejercicio 2020 se prevé un resultado financiero deficitario del orden de los 70.180 millones de pesos que contrasta drásticamente con los 18.400 millones de superávit que se esperaba a comienzos del año. Esto es consecuencia de una caída respecto a lo estimado en los Recursos Totales de 79.828 millones de pesos y un incremento de 31.403 millones de pesos en el Gasto Corriente, que se verá compensado en parte por una significativa baja en los Gastos de Capital de 22.746 millones de pesos.

Con respecto al proyecto de Presupuesto de Contingencia para el año 2021 toma los mismos supuestos utilizados por el Gobierno nacional previendo una variación de la actividad económica de 5,5%, un tipo de cambio a diciembre 2021 de 102 pesos por dólar y un nivel de inflación de 29%.

Mura informó: “Con respecto a los recursos, estimamos que para el año 2021 alcanzarán los  587.569 millones de pesos. Por recursos corrientes se calcula que ingresarán 585.650 millones, que significan el 99,7% del total, mientras que por recursos de capital se proyecta percibir 1.919 millones, que representan el restante 0,3%. El total de recursos que se prevé recaudar en 2021 se incrementa en 168.015 millones con respecto a la proyección presupuestaria del cierre 2020, lo que representa un crecimiento del 40% como consecuencia del aumento de los recursos corrientes en 171.399 millones y de la disminución de los recursos de capital en 3.384 millones”.

Para el caso del Impuesto Inmobiliario/ABL se continuará aplicando la metodología implementada durante el corriente año, a través de la cual la actualización de este tributo estará en línea con la inflación. Por una cuestión de procesos administrativos, relacionada con el momento en que se toma la valuación de los inmuebles y al de la emisión de las boletas, para la primera cuota correspondiente a enero 2021 se tomará la inflación de agosto 2020, que fue del 2,4% y así sucesivamente mes a mes. Asimismo, al igual que este año, para el 2021, este cálculo se realizará de manera mensual y progresiva. En tanto, en el Impuesto sobre las Patentes tampoco hay modificaciones en este proyecto.

Al mencionar los gastos, el ministro detalló: “En la composición de los gastos corrientes, el concepto de mayor incidencia es el correspondiente a las remuneraciones del personal, cuya previsión es de 279.744 millones de pesos, que representa un 46% del total del gasto. Este importe refleja la anualización del gasto en personal para el próximo año con sus paritarias incluidas”.

La distribución funcional del gasto evidencia que más del 51% del presupuesto corresponde a servicios sociales, el 16% a servicios de seguridad, el 12% a servicios económicos, el 13% a administración gubernamental, y el 8% a deuda pública. 

La función Educación tiene para 2021 un crédito previsto de 119.014 millones de pesos que representa aproximadamente el 38% de la finalidad y tiene un crecimiento de 27.233 millones de pesos respecto de la proyección de cierre 2020. 

“Cabe destacar que Educación sigue teniendo la partida más importante del presupuesto e incrementa su participación en el total alcanzando este año el 19,4%. La función Salud tiene asignado para 2021 un crédito de 97.585 millones de pesos que representa el 31% de la finalidad, y tiene un crecimiento de 14.048 millones de pesos respecto de la proyección de cierre 2020. La función Promoción y Acción Social tiene previsto para 2021 un presupuesto de 64.915 millones que representa un 21% de la finalidad, y tiene un crecimiento de 4.804 millones respecto de la proyección de cierre 2020”, añadió el funcionario.

La finalidad de Servicios de Seguridad alcanza el 16% manteniendo su participación respecto del año anterior. En este sentido el crédito previsto para esta finalidad en 2021 será de 97.084 millones de pesos. Cabe destacar que se mantienen los valores originales del traspaso, al ser considerado a este, como un gasto inflexible a la baja redoblando esfuerzo para su compensación.

Por otro lado, en lo que respecta a Servicios Económicos, la finalidad tiene un crédito asignado de 74.996 millones de pesos, que representa un incremento de su presupuesto en 15.418 millones de pesos respecto del presupuesto de cierre 2020. Esta finalidad representa el 12% del presupuesto proyectado para el próximo ejercicio. En tanto que los Servicios Urbanos y de Transporte explican en forma conjunta el 83,5% del total del gasto en la finalidad. 

En tanto, para la finalidad Servicios de la Deuda – Intereses y Gastos, con un crédito asignado de 48.486 millones de pesos, tiene un crecimiento de sus créditos en 10.090 millones de pesos respecto al cierre 2020.

Por último, Mura resaltó que “por segundo año consecutivo este proyecto de Presupuesto para el año 2021 incorpora la perspectiva de género en todas sus etapas y da cuenta de su compromiso con la promoción de una estrategia de visibilización de todas las acciones presupuestarias destinadas a las mujeres, en la búsqueda de la igualdad entre los géneros y el respeto a la diversidad sexual. La identificación de las acciones presupuestarias y su posterior análisis transversal a todas las finalidades y funciones de la administración gubernamental, permite a la Ciudad dar cuenta de su compromiso con la agenda internacional que promueve la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres con especial hincapié en las autonomías física, económica y de participación en la toma de decisiones de las mujeres en todos los ámbitos”.